Política
Por: NELSON MANRIQUE
La nacionalización de los hidrocarburos de Bolivia, decidida por el gobierno de Evo Morales, ha obligado a los candidatos presidenciales en el Perú a tomar posición. Alan García se ha apresurado a afirmar que no piensa realizar ninguna expropiación ni nacionalización. Del lado de Ollanta Humala han dicho que no piensan proceder como el gobierno boliviano, que nacionalizar no es estatizar y que lo que quieren nacionalizar es el Estado. Sea por convicción o por consideraciones electorales, ambos candidatos se han pronunciado por no cambiar un elemento central del modelo económico que formalmente recusan. Asumen, así, una posición que no se diferencia significativamente de la de Lourdes Flores, que está de acuerdo en que es necesario modificar el esquema tributario vigente. La derecha peruana, que ha sufrido una derrota política en las urnas, sigue ganando el partido en el terreno ideológico.
En el sustrato del debate está la idea, que la derecha peruana ha vendido con gran éxito, de que las privatizaciones son siempre buenas y las nacionalizaciones siempre son malas. La nacionalización de los hidrocarburos, respaldada por más del 90% de los bolivianos en un referéndum, es, para esta lógica, una atrocidad. Según esa idea se ha entregado los principales recursos del Perú a empresas extranjeras, la derecha presiona porque se termine de desnacionalizar lo poco que queda bajo el control del Estado y clama que el cielo se caerá si se tocan los privilegios que Fujimori otorgó a las empresas extranjeras.
¿Son siempre malas las nacionalizaciones? Tomemos como ejemplo un país al que la derecha peruana admira y considera un modelo digno de imitar: Chile. En Chile, el principal recurso nacional, el cobre, fue estatizado en la década del setenta porque se consideraba que este recurso, no renovable, debía servir para mejorar la situación de los chilenos y a nadie, ni siquiera a Pinochet, se le ocurrió desnacionalizarlo después. ¿Esta terrible decisión ha condenado a los chilenos a la miseria? No precisamente. La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) ha entregado a las arcas chilenas, por impuestos y utilidades, US$8.200 millones en los dos últimos años y debe entregar US$7.000 millones adicionales este año (ya ha entregado US$ 1.679 millones en el primer trimestre): en total US$15.200 millones en tres años. Mientras tanto, el Perú recibió por el total de las privatizaciones que hizo Fujimori durante los noventa US$9.200 millones: US$6.000 millones menos de lo que Chile ha recibi
do en tres años de su empresa estatal. Con la diferencia adicional de que el Perú ha entregado sus recursos a perpetuidad, mientras que Chile seguirá beneficiándose por siempre de los ingresos que le brinde el cobre.
¿Qué hará Chile con los grandes recursos que le ha entregado Codelco? Mejorar los servicios que ofrece a sus ciudadanos (ya invierten cinco veces más que el Perú en sus estudiantes; es decir, en el futuro), y renacionalizar (como se lee) empresas. Lo explica Carlos Ominami, el titular de la Comisión de Hacienda del Senado: "Así como vendimos empresas, nosotros pudiéramos comprar también acciones de empresas extranjeras que hoy día invierten en Chile" (Diario Financiero de Chile, 3 de mayo de 2006).
¿Son malas las nacionalizaciones? No siempre. Pero sí, si se permite que los pillos se acojan a la prescripción de sus delitos para seguir delinquiendo. Un Estado eficiente, con controles democráticos, podría poner los recursos del país al servicio de todos los peruanos.
martes, 9 de mayo de 2006
martes, 2 de mayo de 2006
Ernesto Castillo Paez
Ernesto Rafael Castillo Páez nació el 3 de junio de 1968, y fue detenido ilegalmente, y desaparecido por el Estado Peruano, el 21 de octubre de 1990, a los 22 años de edad, en Villa El Salvador. Hasta hoy no ha aparecido.
La desaparición de Ernesto se supo de inmediato gracias a que sus padres sabían cuál habría de ser el itinerario de Ernesto, el cual contemplaba la visita de Villa El Salvador para la realización del trabajo de campo de una investigación que estaba haciendo sobre los efectos del paquetazo de Fujimori en la población, y la llegada a casa temprano para celebrar el cumpleaños de su hermana Mónica. A esto se sumo luego una llamada telefónica que daba cuenta de la detención de Ernesto en VES.
De inmediato, al día siguiente, empezaron los contactos con sus compañer@s y amig@s de la PUCP, instituciones, y las investigaciones y denuncias por cuenta propia de sus padres y familiares.
Todo el mundo se movió para evitar que esta temporal e inexplicable ausencia de Ernesto se convirtiera en lo que se convirtió: en detención ilegal y desaparición.
Un papel capital y ejemplar jugó la presencia de la Doctora Greta Minalla, actual Decana, para suerte nuestra, del Colegio De Abogados De Lima – CAL. Ella acogió el Recurso de Habeas Corpus interpuesto por los padres de Ernesto, el mismo que venía siendo rechazado por otr@s magistrad@s por no querer ganarse problemas con gobierno de Fujimori y compañía. Pero, además, se hizo cargo de gran parte de las investigaciones, y, en medio de éstas, también impidió que se cometieran otros crímenes contra otras personas encarceladas, a costa de sus propia vida. Resultado de estas investigaciones han sido l@s testig@s y gran parte de las pruebas con que se ha contado para llevar adelante el caso de Ernesto. Cabe señalar que la Doctora Greta Minaya ha acompañado a los padres de Ernesto hasta hoy, y ha seguido el caso de Ernesto muy de cerca, estando siempre que se le ha necesitado a disposición de quienes se lo han solicitado a fin de presentarla como expositora de estos acontecimientos.
También han sido importantes las investigaciones que la periodista Cecilia Valenzuela hizo para el programa de César Hildebrandt de esos años, las mismos que se sintetizaron en la edición de un video de 10 minutos, que aunque, suponemos, con aderezos personales fuera de lugar, cumplió también un aporte valioso.
Especial reconocimiento merece la dedicación de uno de los abogad@s de Ernesto, el Doctor Augusto Zúñiga Paz, quien sufrió un atentado contra su vida a través de un sobre bomba que le destrozó el brazo izquierdo.
Posteriormente, el caso pasó a la corte Interamericana De Derechos Humanos, la misma que dictó sentencia a favor de Ernesto.
El viernes 21 de octubre del 2005 pasado se cumplieron 15 años de este absurdo crimen. En julio del 2005 se iniciaron las Audiencias Públicas del Juicio Oral contra 16 sospechosos de algún nivel de participación en la detención ilegal y desaparición de Ernesto Rafael Castillo Páez, hasta este lunes 20 de marzo del 2006 en que las mismas llegaron a su fin con el cambio de delito de secuestro por el de desaparición forzada, y la sentencia de Culpable contra Juan Carlos Mejia León condenado a 16 años de prisión, y los tres policías que detuvieron a Ernesto condenados a 15 años de prisión; y de Inocentes para el resto de procesados, quedando así en libertad.
Así, después de más de 15 años de IMPUNIDAD, empezamos a recorrer el camino de VERDAD, JUSTICIA, Y REPARACIÓN que tanto veníamos buscando.
El caso de Ernesto es el primer caso de violación de derechos humanos judicializable en el Perú. Como decíamos, el haber llegado a un resultado a favor de la verdad, la justicia, y la reparación, sentará un importantísimo precedente que permitirá la atención, en mejores condiciones, de otros casos similares, en adelante. Esta última Audiencia ha sido, pues, un acontecimiento histórico de gran significación para Ernesto, su familia y amig@s; las víctimas, familiares
y amig@s de las víctimas de violación de derechos humanos, y para todo el Perú. En virtud de esto, de todo lo avanzado en materia de derechos humanos, y del informe elaborado y presentado por la CVR, respaldar estos acontecimientos sigue siendo de absoluto interés de la ciudadanía en general, y debería conseguir nuestro mayor absoluto interés y atención, así como
nuestro acompañamiento físico.
La desaparición de Ernesto se supo de inmediato gracias a que sus padres sabían cuál habría de ser el itinerario de Ernesto, el cual contemplaba la visita de Villa El Salvador para la realización del trabajo de campo de una investigación que estaba haciendo sobre los efectos del paquetazo de Fujimori en la población, y la llegada a casa temprano para celebrar el cumpleaños de su hermana Mónica. A esto se sumo luego una llamada telefónica que daba cuenta de la detención de Ernesto en VES.
De inmediato, al día siguiente, empezaron los contactos con sus compañer@s y amig@s de la PUCP, instituciones, y las investigaciones y denuncias por cuenta propia de sus padres y familiares.
Todo el mundo se movió para evitar que esta temporal e inexplicable ausencia de Ernesto se convirtiera en lo que se convirtió: en detención ilegal y desaparición.
Un papel capital y ejemplar jugó la presencia de la Doctora Greta Minalla, actual Decana, para suerte nuestra, del Colegio De Abogados De Lima – CAL. Ella acogió el Recurso de Habeas Corpus interpuesto por los padres de Ernesto, el mismo que venía siendo rechazado por otr@s magistrad@s por no querer ganarse problemas con gobierno de Fujimori y compañía. Pero, además, se hizo cargo de gran parte de las investigaciones, y, en medio de éstas, también impidió que se cometieran otros crímenes contra otras personas encarceladas, a costa de sus propia vida. Resultado de estas investigaciones han sido l@s testig@s y gran parte de las pruebas con que se ha contado para llevar adelante el caso de Ernesto. Cabe señalar que la Doctora Greta Minaya ha acompañado a los padres de Ernesto hasta hoy, y ha seguido el caso de Ernesto muy de cerca, estando siempre que se le ha necesitado a disposición de quienes se lo han solicitado a fin de presentarla como expositora de estos acontecimientos.
También han sido importantes las investigaciones que la periodista Cecilia Valenzuela hizo para el programa de César Hildebrandt de esos años, las mismos que se sintetizaron en la edición de un video de 10 minutos, que aunque, suponemos, con aderezos personales fuera de lugar, cumplió también un aporte valioso.
Especial reconocimiento merece la dedicación de uno de los abogad@s de Ernesto, el Doctor Augusto Zúñiga Paz, quien sufrió un atentado contra su vida a través de un sobre bomba que le destrozó el brazo izquierdo.
Posteriormente, el caso pasó a la corte Interamericana De Derechos Humanos, la misma que dictó sentencia a favor de Ernesto.
El viernes 21 de octubre del 2005 pasado se cumplieron 15 años de este absurdo crimen. En julio del 2005 se iniciaron las Audiencias Públicas del Juicio Oral contra 16 sospechosos de algún nivel de participación en la detención ilegal y desaparición de Ernesto Rafael Castillo Páez, hasta este lunes 20 de marzo del 2006 en que las mismas llegaron a su fin con el cambio de delito de secuestro por el de desaparición forzada, y la sentencia de Culpable contra Juan Carlos Mejia León condenado a 16 años de prisión, y los tres policías que detuvieron a Ernesto condenados a 15 años de prisión; y de Inocentes para el resto de procesados, quedando así en libertad.
Así, después de más de 15 años de IMPUNIDAD, empezamos a recorrer el camino de VERDAD, JUSTICIA, Y REPARACIÓN que tanto veníamos buscando.
El caso de Ernesto es el primer caso de violación de derechos humanos judicializable en el Perú. Como decíamos, el haber llegado a un resultado a favor de la verdad, la justicia, y la reparación, sentará un importantísimo precedente que permitirá la atención, en mejores condiciones, de otros casos similares, en adelante. Esta última Audiencia ha sido, pues, un acontecimiento histórico de gran significación para Ernesto, su familia y amig@s; las víctimas, familiares
y amig@s de las víctimas de violación de derechos humanos, y para todo el Perú. En virtud de esto, de todo lo avanzado en materia de derechos humanos, y del informe elaborado y presentado por la CVR, respaldar estos acontecimientos sigue siendo de absoluto interés de la ciudadanía en general, y debería conseguir nuestro mayor absoluto interés y atención, así como
nuestro acompañamiento físico.
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